Sabemos que el progreso nunca es lineal y menos hablando del reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, en específico el ejercicio de sus derechos políticos electorales y su participación en la vida pública del país, pues estos, son el resultado de años de lucha por ser reconocidas.

UNA DESIGUALDAD HISTÓRICA

La evolución de los derechos político-electorales de las mujeres, ha recorrido un largo y sinuoso camino por pertenecer y sobre todo permanecer. En la Constitución de 1917, las mujeres no fueron reconocidas como ciudadanas y con ello se negó el derecho de participar en los asuntos públicos, limitante que se fue superando gracias a mujeres que desafiaron los roles y estereotipos impuestos; se organizaron, impulsaron y defendieron cada uno de los derechos de los que hoy gozamos. Por ello el movimiento feminista busca transformar el mundo, un mundo en el que exista una igualdad sustantiva.

Ahora bien, en el caso de México convergen dos regímenes electorales, el primero de ellos es el de partidos políticos y el segundo el de Sistemas Normativos Indígenas (SNI), sobre el cual profundizaremos en esta ocasión, pues es ahí desde lo local, desde lo comunitario, donde hay mucho que reconocerles a las mujeres, pero también, mucho por trabajar en favor de sus derechos.

El desconocimiento de la vida comunitaria en ocasiones orilla a crear prejuicios sobre los SNI, suponiendo que lo grave únicamente está ahí; sin embargo, es una realidad que en ambos regímenes existe machismo y desigualdad como resultado de una construcción patriarcal de la sociedad, siendo necesario desmontar las calificativas de que “en las comunidades indígenas se vive mayor discriminación hacia las mujeres”.

Las mujeres indígenas viven efectivamente una suma de subordinaciones u “opresiones”, pero no todas son perpetradas por los hombres de su propia comunidad, sino que son producto de la desigualdad gestada históricamente con el proceso de la colonización, pues estas y otras discriminaciones provienen de fuera de su comunidad, como el hecho de que las instituciones de administración de justicia no garanticen el cumplimiento de sus derechos con pertinencia cultural.

Poco se habla de lo flexibles y hasta nobles que pueden ser los SNI pues permite hacer cambios, cuidando de su cultura, procurando no dañar los usos y costumbres de las propias comunidades, entenderlos, conocerlos e ir haciendo cambios culturales en forma gradual, es decir resignificar el SNI, pero en ese andar, es importante desterrar las prácticas patriarcales, aquellas que van dirigidas a someter, a violentar y a dominar.

ELLAS, LAS QUE PROTEGEN LA PAZ

Las personas de pueblos y comunidades indígenas son un grupo históricamente discriminado, pero entre un hombre y una mujer indígena tanto al interior como fuera de la comunidad, la discriminación que sufren las mujeres se acentúa aún más solo por el hecho de ser mujer y además por el hecho de ser indígena, siendo excluidas de las decisiones y ejercicio del poder público durante mucho tiempo, pues hasta antes del 2014, hay pocos registros de mujeres indígenas que hayan ocupado cargos públicos y si las hubo, esa calidad era motivo de discriminación, burlas y cuestionamientos, pues si accedían a estos cargos lo hacían a pesar de su condición y no como un derecho, ni reconociéndose la necesidad ni la importancia que su visión y opinión tienen desde esos espacios.

Y es justo desde lo local, donde las mujeres desde su visión han realizado un gran trabajo por la paz y por el medio ambiente, demostrando con buenas prácticas, que las mujeres trabajan en red, desde la colectividad por sus comunidades; ejemplo del trabajo comunitario de las mujeres, son el de Santa Fe de la Laguna, Nurio, Pichátaro y Cherán, en el estado de Michoacán. Respecto del caso de Michoacán, es emblemático, ya que las mujeres de dicha comunidad en 2011 iniciaron un movimiento por la defensa de su territorio y recursos naturales y ello fue el parteaguas para lograr revolucionar la forma en la que participaban, siendo así actoras clave de los puestos de toma de decisiones de sus órganos de gobierno.

Por ello, las mujeres van avanzando dentro de sus propios contextos y a pesar de ellos. Y sí, para las mujeres indígenas el reto es aún mayor pues deben lidiar con los roles y estereotipos además de la discriminación, la falta de acceso derechos fundamentales como a servicios básicos de vivienda y salud, así como el respeto a sus necesidades básicas como lo son a un trabajo, a una economía digna, a la seguridad, entre otras.

SIN MUJERES NO HAY DEMOCRACIA

Así pues, es importante que las mujeres se asuman como personas autónomas con poder y ocupen el espacio público, como importante también es, que la comunidad respete y reconozca el poder y capacidades de las mujeres que llegan a estos espacios.

Invito a quienes no se asumen como personas indígenas, a reconocer, respetar y no ejercer ningún tipo de discriminación en contra de las mujeres indígenas, o de persona alguna. Es fundamental realizar un ejercicio de reflexión y de toma de conciencia desde el núcleo familiar, la escuela, el trabajo, la comunidad, pues la educación es una responsabilidad compartida de la sociedad en general, no debe de recaer sólo en las mujeres, también corresponde a los hombres, pues es imperativo para el fortalecimiento de nuestra democracia que nosotras también ocupemos espacios en lo público, y que los hombres también vayan ocupando espacio en lo privado.

Resulta indispensable acercar a las niñas, y a las jóvenes a estos mismos caminos y trabajos comunitarios, hacer un análisis de los avances al interior de las comunidades y la historia de lucha que hay detrás de ellos; que no se pierda el sentido del pasado, impulsar los procesos formativos en materia de derechos político-electorales, impulsen su participación en la vida dentro y fuera de su comunidad, porque la participación de las mujeres en lo público es un acto de justicia.